Chile a la Vanguardia: Un modelo único de acceso efectivo a la justicia para niños, niñas y adolescentes

De ahí que, tratándose de la niñez y adolescencia se requiere un enfoque, que responda de manera adecuada a sus características, derechos y desarrollo. En consecuencia, dentro del paradigma de la “justicia centrada en las personas”, es necesario avanzar hacia una “justicia centrada en la niñez y adolescencia”, que redefine la relación entre los niños y el sistema de justicia, garantizando procedimientos adaptados e incorporando, entre otros, principios como el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral.

Chile¹ se ha convertido en referente regional e internacional en este campo gracias a su modelo de representación jurídica y defensa especializada, materializado en una política pública estatal implementada a través de los programas Mi Abogado (PMA) y La Niñez y Adolescencia se Defienden (LNAD).

Un modelo nacido de una crisis

Durante años, múltiples informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Poder Judicial Chileno y de centros académicos, entre otros, documentaron graves vulneraciones de derechos en el sistema de protección estatal, especialmente en el caso de niños bajo cuidado del Estado que se encontraban en acogimiento residencial. 

Esto provocó una crisis de tal magnitud que dio lugar a una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño, lo que activó el Protocolo de Comunicaciones, que permite a las personas, a sus representantes o a otro Estado presentar denuncias si consideran que un Estado parte ha violado la Convención. A partir de allí, se consolidó un consenso político transversal: la urgencia de garantizar una debida protección y un acceso efectivo a la justicia. Para esto se estableció una oferta estatal de representación jurídica y defensa técnica, especializada, autónoma e integral, con el objeto de asegurar que todo niño, niña o adolescente víctima de vulneración grave que enfrenta un proceso judicial o administrativo cuente con un equipo de defensa.

Dos programas, un mismo propósito

El modelo chileno se articula mediante dos programas complementarios dirigidos a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos o de vulneraciones de derechos, que operan con un enfoque interdisciplinario e integral:

• Programa Mi Abogado (PMA)²: Asume la representación y defensa especializada de aquellos casos de alta complejidad, principalmente con niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su familia y se encuentran bajo cuidado del Estado. Cada caso es abordado por una tríada profesional de abogado/a, psicólogo/a y trabajador/a social, a través de estrategias psico-socio-jurídicas.
• La Niñez y Adolescencia se Defienden (LNAD): Centra su labor en casos de mediana y baja complejidad, enfocándose en niños, niñas y adolescentes que enfrentan vulneraciones graves pero permanecen en su entorno familiar. La intervención se desarrolla a través de duplas interdisciplinarias, conformadas por un abogado/a y un/a trabajador/a social que integran las dimensiones jurídica y social.

La finalidad de ambos programas es hacer exigibles las garantías del debido proceso, asegurar la participación efectiva y el derecho a ser oído de la niñez en procesos judiciales y administrativos.

Prácticas que marcan la diferencia

Durante los últimos años, los programas han generado prácticas positivas que han sido determinantes para la implementación y han tenido impacto en la calidad de la defensa especializada. Entre las buenas prácticas que han desarrollado los equipos de defensa destacan:

• Diseñan la defensa de manera interdisciplinaria y conjunta a través de estrategias psico-socio-jurídicas efectivamente integradas.
• Ejercen la defensa con autonomía técnica, actuando con independencia de las familias e instituciones estatales y resguardando una defensa libre de injerencias.
• Aplican de forma consistente enfoques de ciclo de vida, de género, interculturalidad, territorialidad e interseccionalidad en cada caso.
• Aseguran la escucha efectiva y la ponderación de la opinión de niños, niñas y adolescentes conforme a su edad y madurez. 
• Integrar en las estrategias de defensa la opinión de los niños y adolescentes, articulándola con el principio del interés superior del niño.
• Mantienen un compromiso ético y profesional sostenido, reflejado en la dedicación, la corresponsabilidad y la mejora continua.

La Voz de los protagonistas

Quienes contaron en su niñez o adolescencia con una defensa especializada valoran haber sido escuchados y que sus opiniones fueran consideradas por los tribunales. Destacan el acompañamiento y la confianza que les brindaron los equipos de defensa, especialmente sus abogados, y enfatizan la importancia de haber recibido información clara y comprensible.

Es esta participación la que, en muchas instancias, ha transformado las decisiones judiciales, demostrando que esta puede y debe tener efectos reales en el sistema de justicia.

Desafíos y sostenibilidad del modelo

Como toda política pública innovadora, el modelo enfrenta tensiones estructurales, entre ellas una carga de trabajo elevada, insuficiencia de recursos, debilidades en la gestión de la información y el desafío de consolidar una institucionalidad de largo plazo.

Sin embargo, el camino de mejora está claro. Chile ha identificado rutas viables para profundizar en la sostenibilidad del sistema, manteniendo su carácter público, especializado y centrado en los derechos.

Un llamado a la acción

El modelo chileno es una lección de política pública basada en los derechos del niño, ya que demuestra que la defensa jurídica especializada de la niñez y la adolescencia no es un privilegio, sino una obligación ética y jurídica de los Estados.

Su éxito radica en haber creado capacidades institucionales, equipos expertos y estándares comunes que trascienden las coyunturas políticas. 

La experiencia de Chile ofrece una hoja de ruta para la región, al demostrar que es posible construir sistemas de justicia verdaderamente centrados en niños, niñas y adolescentes.

El llamado a la acción es reconocer que una  justicia efectiva centrada en la niñez y la adolescencia exige una defensa técnica especializada y autónoma.

[1] Chile es miembro del Justice Action Coalition desde el año 2022.

[2] Resolución Exenta N° 0138, de 15 de enero de 2024, que dispone el funcionamiento del Programa de Representación y Defensa Jurídica Interdisciplinaria de Niños, Niñas y Adolescentes “Mi Abogado” y de la Unidad Técnica a cargo de dicho programa, y que deja sin efecto la Resolución Exenta N° 1.178 de 2022, de la Subsecretaría de Justicia.

Ester Valenzuela es abogada con un Magíster en Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad Diego Portales, y cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación, docencia y asesoría a gobiernos y organismos internacionales. Ester fue consultora del equipo Pathfinders Justice par Todos en 2025. Su trabajo se centra en la evaluación de marcos normativos, políticas públicas y programas sobre derechos de la niñez y adolescencia, y ha liderado la elaboración de estándares de representación jurídica, defensa especializada y determinación del interés superior. Como cofundadora del Programa La Voz del Niño en Chile, dedicó más de una década a la defensa jurídica especializada de niños y niñas en casos de protección. Su trayectoria académica y práctica la han consolidado como una experta reconocida, convocada para apoyar procesos de reforma legislativa a nivel nacional e internacional y para actuar como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.